Estabilidad de empresas eléctricas del Estado en riesgo por Reducción de tarifas 

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, analiza desde el pasado 12 de mayo un proyecto de ley que propone modificar el arttículo 79 de la Ley de Consesiones Eléctricas para reducir de 12% a 10% la tasa de actualización utilizada para la fijación de las tarifas eléctricas.

La iniciativa legislativa n° 5108/2020-CR, de la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, señala que hace 27 años dicha tasa de actualización no ha sufrido variaciones, en una economía cuyo riesgo ha disminuido y que hasta antes de la pandemia de la covid 19 ha mostrado estabilidad macroeconómica.

Pero la iniciativa no profundiza en los efectos que tendría de convertirse en ley. Su mayor impacto sería en la reducción de las inversiones que las empresas eléctricas del Estado realizan en electrificación rural, la mejora de la calidad del servicio y el mantenimiento, según expuso el gerente de Distriluz, Javier Muro Rosado, en la última sesión virtual de la Comisión de Defensa del Consumidor, el pasado lunes.

Muro le explicó a los miembros de la Comisión que la facturación eléctrica tiene tres componentes: la generación de energía eléctrica, la transmisión y la distribución de esa energía. Cada una de dichas actividades son realizadas por empresas especializadas. En el caso de Distriluz, se encarga de la distribución de la energía al consumidor final; a las viviendas.

Estas empresas distribuidoras, a su vez, recaudan las tarifas y entregan el 50 % de la facturación a las empresas generadoras, otro 20% a las empresas de transmisión y retienen para sí el 30% de la recaudación. De este último, destinan el 14% a inversiones y el 16% al mantenimiento de las redes de distribución.

De acuerdo con Muro, las empresas eléctricas distribuidoras del Estado atienden al 63% de usuarios a nivel nacional y las del sector privado, ubicadas principalmente en Lima e Ica, al 37% de los consumidores.

Por eso, señala, una reducción de las tarifas eléctricas, como consecuencia de la disminución de la tasa de actualización, implicaría también menos recursos para proyectos de inversión en electrificación, mantenimiento de redes y en la calidad del servicio, que las empresas del Estado ya tienen previsto en distintas regiones del país.

“El efecto en generacion y transmisión es mínimo, [pero] afecta muy fuerte en la distribución”, dijo. El efecto final en la reducción de las tarifas sería muy leve, pero con mucho impacto en las inversiones.

Electrocentro, una empresa de Distriluz, por ejemplo, tiene prevista una cartera de inversiones por 170 millones de soles en proyectos eléctricos en Huánuco, Oxapampa (Pasco), Chanchamayo (Junín) y Huanta (Ayacucho).

El debate por la reduccion del factor de actualización, se da en el contexto de reducción de ingresos en 8.4 % de las empresas electricas, debido a la caída de la demanda en 30 % por la pandemia del covid-19, sin embargo, los costos aumentan.

“Es el peor monento para que las sedes reduzcan estos efectos que tenemos este año. El próximo año podríamos tener empresas que tengan rentabilidades muy bajas y podrían ser no sostenibles“, señaló el funcionario.

Información que la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el legislador José Luna Morales, debe analizar antes de convertir en ley la propuesta de Carmen Omonte.

Revisa aquí el proyecto de ley: PL05108_20200504PL05108_20200504