[OPINIÓN] ¿A qué juega Keiko Fujimori?

Por: Yuri Lara Pérez - Consultor en Gestión Pública

Han pasado más de dos semanas  del proceso de la segunda  elección presidencial, y hasta ahora no se conoce el veredicto que despejará todas las dudas en torno a la proclamación del gobernante que conducirá los destinos del país, en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú.

Nunca antes en la historia de los procesos electorales, se había suscitado una  reacción como la de la ex candidata Keiko Fujimori, quien insiste en desconocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), deslizando temerariamente en la versión de que habría sido víctima de un “fraude”, a pesar de que organismos internacionales  aseguraron que el proceso eleccionario se desarrolló con todas las garantías requeridas.

La semana que pasó, la ONPE dio a conocer los resultados al 100% de actas contabilizadas, dando como ganador de la contienda al profesor Pedro Castillo Terrones, sin embargo, su proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se mantiene en suspenso ante la arremetida de la candidata Fujimori, que contando con el apoyo de personajes de la política tradicional, medios de comunicación y representantes de los grupos de poder económico, persisten en impugnar actas, forzando el procedimiento instituido, lo cual es un atentado contra la institucionalidad democrática.

Cabe recordar que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), demandó a las agrupaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral (Perú Libre y Fuerza Popular) que hagan un llamado para calmar a sus simpatizantes, exigiendo que se respete la institucionalidad electoral, la que deberá expresar la voluntad política del pueblo peruano.

Al entender de muchos ciudadanos que votaron contra el fujimorismo, la jugada que está haciendo la ex candidata Fujimori, es generar caos e inestabilidad para petardear la democracia, siendo su objetivo el de buscar impunidad ante el proceso judicial que se le sigue por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración,  por los cuales la Fiscalía solicitó 30 años de prisión en su contra.

Por el bien de la democracia, y en aras de salvaguardar la institucionalidad y autonomía de los entes competentes, se espera que este espinoso suceso llegue a buen término, puesto que lo que más nos urge como país es continuar haciéndole frente la crisis sanitaria, y apostar por la reconciliación de sus habitantes ante la polarización de la que hemos sido partícipes como consecuencia de la coyuntura política.