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Contraloría: Más de 400 funcionarios públicos de Junín con presunta responsabilidad en hechos irregulares durante 2022 

Además, se realizaron observaciones al manejo de S/ 195 millones de recursos públicos y se detectó un perjuicio contra el Estado de más de S/ 39 millones

 

Junín. - La Contraloría General determinó en el 2022 presuntas responsabilidades en hechos irregulares de 448 funcionarios públicos de diversas entidades públicas de la región, como resultado de los informes de control posterior

Durante la Rendición de Cuentas 2022 y Agenda de control 2023, se informó que la Contraloría General emitió un total de 2279 informes de control en Junín, de los cuales 853 corresponden al control posterior, que incluye 87 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, 1 Auditoría de desempeño, 8 Auditorias Financieras y 757 Acciones de Oficio Posterior.

Las auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades públicas que funcionan en la región permitieron efectuar el control a un monto de S/ 465 millones de recursos del Estado, de los cuales la ejecución de S/195 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por más de S/ 39 millones.

 

Resultados del control simultáneo

Además de los servicios de control posterior, la Contraloría General realizó 1426 servicios de control simultáneo durante el 2022. Como resultado de este tipo de control gubernamental, se identificaron 1785 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.

 

Sin embargo, 720 situaciones adversas (40%) no han sido corregidas y en 621 (35%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 430 situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo y 14 (1%) que fueron desestimados.

 

Agenda de Control 2023

Para el 2023, se ha programado realizar en la región Junín 860 servicios de control, de los cuales 602 corresponden al control simultáneo, 258 a control posterior.

 

Entre las principales materias a intervenir mediante servicios de control posterior figuran: Servicio de Agua potable y alcantarillado en la provincia de Satipo que tiene una inversión de S/ 40 millones a cargo del Gobierno Regional, revisión de la ejecución de tres inversiones de rehabilitación del Puente Auvierna sobre el río Oxabamba que está a cargo de la Municipalidad de San Ramón por un monto de S/ 15 millones, la verificación del procedimiento de selección para la ejecución de mantenimiento de camino vecinal de Huasahuasi (Tarma), entre otros.

 

En tanto, mediante servicios de control simultáneo están comprendidas obras como: Mejoramiento del canal de riego Santa Rosa-Huanchar, valorizada en S/ 6 millones a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa, y el servicio de agua potable y alcantarillado en Huancayo para comprobar la correcta construcción y cumplimiento de la finalidad pública ejecutada por más de S/ 9 millones de inversión a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

 

Megaoperativos a nivel nacional

En la programación figuran también cinco grandes megaoperativos a nivel nacional, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

 

Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.

 

Además, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional; y se desarrollará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.

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