Francisco Tudela: su voto por la ley que amnistió al Grupo Colina y la reelección de Fujimori

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presentó ayer a los nuevos integrantes de su equipo técnico para la segunda vuelta. Entre los rostros más resaltantes se encuentra el del exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, quien es una figura conocida de la política peruana.

En noviembre de 1992, Tudela salió electo para el Congreso Constituyente Democrático (CDC). Logró 10.392 votos para ejercer el cargo desde diciembre del referido año hasta el 26 de julio de 1995. En su paso por el CDC fue vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y miembro de las Comisiones de Economía y de Defensa.

Sin embargo, más allá de los cargos, Tudela también fue protagonista a razón de decisiones polémicas que tuvo como constituyente. Por ejemplo, el 13 de junio de 1995 votó a favor de la Ley 26479 o denominada también Ley de Amnistía General.

Esta iniciativa apuntaba a la excarcelación de personal militar, policial o civil denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar en el marco de la lucha contra el terrorismo desde 1980. Además, incluía a los participantes —liderados por el general Jaime Sánchez Sedo— del intento de golpe del 13 de noviembre de 1992.

Esta ley ayudó a la amnistía del Grupo Colina, responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En el diario de debates del CCD, Tudela argumentó su posición a favor de la iniciativa de la siguiente manera:

“La realidad está llena de claro-oscuros y las cosas no son tan simples como parecen a primera vista. Yo voté contra la «ley La Cantuta» y un año antes no retiré mi firma de un acuerdo que establecía procedimientos en el Congreso para investigar el caso La Cantuta. Sin embargo, creo que acá estamos confrontados frente a un hecho que es metajurídico: una amnistía va más allá de la aplicación de la ley. La ley ha sido ya aplicada.

El castigo ya ha sido dado; sin embargo, por una decisión política se revierte el orden de los factores dentro de un país y se da más importancia a una decisión del Congreso. Porque lo que se busca es un bien general que trasciende la justicia particular que se aplica a cada uno de los individuos que han delinquido de manera horrible. De tal manera que, de un lado, tenemos la justicia particular que se aplica a personas individuales y, de otro lado, tenemos el interés colectivo, un interés que es la paz de la Nación, asunto sobre el cual voy a regresar en un instante”.

“Se debe hacer también una diferencia cualitativa al juzgar a las personas. Es diferente juzgar a aquellos que iniciaron la guerra civil actual y no me refiero únicamente a terroristas materiales sino, también, a terroristas intelectuales; y a aquellos que aun habiendo cometido un crimen horrible estaban defendiendo a su Nación de manera totalmente equivocada y censurable, pero mal que bien estaban tratando de defender a su colectividad. Estos últimos no estaban atacando a su colectividad, no habían iniciado la guerra civil, no estaban llevando a cabo acciones de carácter terrorista. Es verdad que el error es profundo y el crimen permanece; sin embargo, hay una diferencia cualitativa entre el terrorista y aquel que defendiendo su colectividad se equivoca profundamente”.

“Chirinos Soto ha mencionado que hay países que han dado amnistía. ¡La amnistía no es el olvido! Nunca olvidaremos históricamente ni moralmente; pero podemos olvidar políticamente para que haya paz en el país. En España murieron un millón de personas. Las atrocidades de esa guerra civil en los dos bandos son una leyenda en la historia. Probablemente, la guerra civil más horrorosa que ha vivido occidente. Sin embargo, hace pocos años, el gobierno español y el Rey de España inauguraron un monumento, que dice: «A los caídos por España». No dice: «A los caídos de tal bando» o «a los caídos del otro bando». Se requiere mucha generosidad para hacer eso en un país donde han muerto un millón de personas; no veinticinco mil sino un millón de 176 personas en una guerra civil. De tal manera que hay que tener en cuenta que acá hay un objetivo racional, lógico y preciso; es obvio que hay también diferencias políticas y que el estar de acuerdo o el estar en contra de la amnistía es un posicionamiento político y forma parte del combate político”.

“Yo respeto todas las posiciones que he escuchado acá. Mi posición personal es que debemos olvidar políticamente los crímenes individuales en aras del bien de toda la colectividad. Eso no significa que vamos a olvidar históricamente, tampoco significa que debemos olvidar. ¡No vamos a olvidar! El congresista Fernández Arce mencionó un aforismo jurídico-romano. Yo quisiera mencionar un aforismo político-romano: salus pública, suprema lex, es decir, la salud pública es la ley suprema. En ese sentido, ¡sí es necesario buscar la paz! En el Estado peruano que ha vivido desgarrado desde 1980, vale bien la pena arriesgarse a una amnistía”.

“En ese sentido, comprendo perfectamente bien que la amnistía no va a satisfacer a todos. Comprendo perfectamente bien que la amnistía va a ser cruel para algunos. Pero no creo que reabra heridas. Por una razón muy simple: las heridas están abiertas ahora.

¿Acaso han cerrado las heridas para que sean reabiertas en el futuro? ¡Están abiertas! El único modo de cerrarlas es tomar el riesgo de perdonar, porque es un riesgo. Puede ser un riesgo inútil. Yo no tengo una bola de cristal; por lo tanto, no puedo afirmar que lo venga en el futuro vaya a salir necesariamente tal cual está escrito en la Constitución. Sin embargo, sí estoy dispuesto a correr el riesgo para establecer la paz, que es el supremo bien de todo país civilizado. Contrapeso el crimen de unas personas individuales con el bien de más de veinte millones de personas. Pongo las dos cosas en la balanza. Quiera Dios que no me equivoque, pero tal es la decisión que yo escojo: yo sí voy a votar a favor de la amnistía”. Finalmente, el Pleno del CCD aprobó la iniciativa con 47 votos a favor y 11 en contra.

Entre 1995 y 1997, Tudela fue designado como titular de la Cancillería. Después estuvo como embajador ante las Naciones Unidas entre 1999 y 2000. Luego, formaría parte —como candidato a la primera vicepresidencia— de la plancha de la reelección de Alberto Fujimori, quien concretó su objetivo. La publicación del vladivideo Kouri-Montesinos terminaría, sin embargo, acabando con el régimen.

Fujimori renunció vía fax desde Japón y Tudela también hizo lo mismo. El 21 de noviembre del 2000, según el diario de debates del Parlamento, el entonces primer vicepresidente señaló que su dimisión tenía un carácter de “irrevocable”. Además, agregó que su salida se debía a que el ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaúnde, había planteado de una forma inadecuada la ampliación de la ley de amnistía para los militares decretada en 1995. Protestó, también, por el retorno inopinado e inconveniente del exasesor Vladimiro Montesinos. Dijo, al final, que no sufría de «fiebre de presidencialitis» y no postularía a los comicios generales del 2001.

Su pedido fue puesto a votación en el Pleno y se tuvo el siguiente resultado: 103 votos a favor; tres en contra, de los congresistas Martha Moyano, Pedro Vílchez y Herbert Samalvides, todos de Perú 2000; y la abstención manifestada por Erland Rodas. En CARETAS ya habíamos mencionado sobre la inclusión de Tudela en la baraja de personalidades para el tópico de política exterior que tendría un eventual gobierno de Keiko Fujimori.