Firma de Luis Carranza administra AFP y Peajes de Lima junto a Odebrecht, y Fujimori evita pronunciarse
"Hay que corregir las comisiones", expresó Keiko Fujimori en abril pasado respecto al tema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero, el último domingo 23, cuando se le consultó por el mismo tema, la candidata presidencial no respondió. En tanto, sobre los cobros de peajes, la fujimorista tampoco se manifesta; ello quizás debido a que tiene en su equipo técnico a uno de los directores de Sigma SAFI, firma que administra los recursos de las AFP y a su vez es accionista, junto a Odebrecht, de la empresa Rutas de Lima, que tiene a cargo el cobro de peajes en varias vías de la capital.
Desde que se revelaron los actos de corrupción entre el Estado peruano y Odebrecht, un sector político —lejos de apoyar las investigaciones de la Fiscalía— pedía incansablemente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti la expulsión de la constructora brasilera y la anulación del acuerdo de colaboración con la mencionada empresa.
Aquella "petición" —que recientemente personificó Rafael López Aliaga, prometiendo la expulsión de dicha empresa y la anulación del acuerdo de colaboración— se evidenció hasta días antes de las elecciones de primera vuelta. Tras conocerse a los candidatos para la segunda vuelta, este mismo sector político, desde el Congreso y las redes sociales, ha optado por el silencio hasta el día de hoy.
Rafael López Aliaga, César Acuña y Alberto Beingolea, ahora aliados de Keiko Fujimori, así como sus simpatizantes y militantes, aparentemente se han olvidado de Odebrecht, y la razón de ello sería que tanto la lideresa de Fuerza Popular, acusada de haber recibido dinero de dicha empresa, y la firma de Luis Carranza están vinculadas a la constructora.
Luis Carranza, quien tuvo un ministerio durante el gobierno de Alan García —acorralado por el caso Lava Jato—, es director de Sigma SAFI. En octubre de 2013, Rutas de Lima, que tiene a cargo el mantenimiento de las vías por 30 años de concesión a cambio del cobro de peajes, concretó una "alianza estratégica" con Odebrecht y Sigma SAFI.
"Esta noche celebramos más que una asociación económica, una asociación para desarrollar juntos el país [...] Sigma tiene una visión de largo plazo para construir, junto a operadores del nivel de Odebrecht, el desarrollo del Perú", expresó Carranza, entonces presidente de Sigma SAFI, que invirtió los fondos de pensiones del ahorro previsional.
En 2016, luego que el mandamás de Odebrecht fue condenado en Brasil a 19 años de prisión, la constructora acordó de inmediato la venta de la concesión vial Rutas de Lima a favor de Brookfield Asset Management (57% de acciones) y a su exsocio "estratégico" Sigma SAFI (18% de acciones). Odebrecht se quedó con el 25% de participación.
Tras las protestas de 2017 en contra del Peaje de Chillón, en Puente Piedra, y la posterior anulación de cobro de peajes, Rutas de Lima (con sus accionistas Brookfield, Odebrecht y Sigma SAFI) demandó al Estado ante el Tribunal Arbitral con sede en Washington, en EE.UU.
En 2018, Rutas de Lima retomó sus operaciones y, en 2019, se denunció la existencia de documentos que impedían con argucias “legales” que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) haya podido cobrar un sol, desde el 2013, procedente del 4 % que le corresponde por los peajes que debe pagar la concesionaria ligada a Odebrecht y Sigma SAFI.
A pesar de aquella presunta irregularidad, en mayo del 2020 la demanda internacional de Rutas de Lima contra la Municipalidad de Lima, por el caso del peaje de Chillón que fue anulado por el exalcalde Luis Castañeda, resultó a favor de la concesionaria ligada a Odebrecht y Sigma SAFI. El Tribunal Arbitral ordenó a la MML el pago de S/230 millones de soles aproximadamente a favor de Rutas de Lima.
Cabe agregar que, en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato contra el exgobernador de Cusco, Jorge Acurio, trascendió que el Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas participó en la venta de acciones por parte de Odebrecht a Sigma SAFI en el proyecto Rutas de Lima. Curiosamente, algunos letrados del mencionado staff de abogados trabajaron para la constructora brasilera; uno de ellos, Gustavo Salazar, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
