Contraloría detecta transferencias irregulares por más de S/ 2.6 millones

Funcionarios de Santa Rosa de Sacco de las dos últimas gestiones implicados en movimientos a terceros sin vínculo laboral con la Entidad

La Contraloría General identificó la ejecución de transferencias irregulares realizadas por cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco en el año 2022, las cuales ascienden a más de S/ 2.6 millones.

Estas acciones se habrían realizado con el fin de realizar movimientos monetarios a las cuentas bancarias de funcionarios, de algunos servidores y de 39 terceros quienes habrían sido consignados como locadores de servicio. Sin embargo, no se encontró evidencia de algún servicio prestado o vínculo laboral con la entidad.

Según el Informe de Control Posterior N° 014-2024-2-0416, los funcionarios (encabezados por el exjefe de Planeamiento y Presupuesto, quien también tenía la encargatura de la unidad contable), habrían modificado y autorizado tres expedientes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Tal situación habría conllevado a que se realicen movimientos de dinero que iban desde los 2 mil hasta los 30 mil soles, montos que llegaron la cuenta bancaria del exjefe de Planeamiento y Presupuesto, así como en las cuentas de los funcionarios involucrados. Además, la Contraloría General identificó irregularidades e imprecisiones en los gastos consignados en la planilla de ese año.

En adición a lo anterior, se determinó que las irregularidades contravienen varias normativas legales y directivas vigentes, incluyendo la Ley del Canon, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y las Directivas del Sistema Nacional de Contabilidad. Estas infracciones han contribuido significativamente al perjuicio económico de la entidad, cuyo monto total asciende a S/ 2,654,254.02.

La comisión de control recomendó iniciar las acciones penales contra los implicados y procesar a los funcionarios y servidores públicos involucrados en estos hechos. Asimismo, se solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que inicie las acciones legales correspondientes