Estas son las GRANDES EMPRESAS que le deben más de nueve mil millones de soles al estado y no quieren pagar
Los magistrados del Tribunal Constitucional deberán deliberar si las 233 empresas -entre bancos y mineras- le pagan millonaria suma a la Sunat o si prescribe.
Este martes 22 de setiembre, el Tribunal Constitucional realizará la deliberación pública sobre demanda que pone en riesgo el cobro de millones a favor del Estado. El magistrado Ernesto Blume, ponente encargado del caso, ya planteó dar por fundada la demanda y con cinco votos se confirmaría esa decisión. Si el Tribunal Constitucional decide declarar inconstitucional parte del decreto legislativo 1421, el Estado podría perder más S/ 9 mil millones de grandes empresas contribuyentes que mantienen procesos con la Sunat o el Tribunal Fiscal por la prescripción de sus deudas tributarias.
Las principales beneficiadas serían 158 empresas deudoras, con la minera Buenaventura a la cabeza. ¿Por qué? La demanda sobre la que decidirá el Tribunal Constitucional busca que se declare inconstitucional una disposición del Decreto Legislativo 1421 vinculada al cálculo del plazo de prescripción de deudas tributarias. Este grupo de empresas mantiene procesos contenciosos contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Algunas de ellas, han invocado la prescripción de sus deudas como parte del litigio. Pero incluso las que no, podrían ver sus deudas al Estado desaparecer.
Los millones que debe Buenaventura La minera que preside Roque Benavides Ganoza, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), tiene una deuda de S/ 2 mil millones. Además, es una de las 26 empresas que ha invocado la prescripción de sus deudas como parte del litigio con el Estado.
De acuerdo al congresista Lenin Bazán (Frente Amplio), quien obtuvo la información de la Sunat sobre las empresas deudoras, la Confiep es principal interesada en que la disposición mencionada se declare inconstitucional. «No nos olvidemos que fue la Confiep la que estuvo participando de las reuniones del grupo de trabajo del grupo de Constitucion (del Congreso) para evaluar consitucionalidad de la norma», señalo Bazán