Deficiencias en obra de tratamiento de agua ponen en riesgo a la población de Jauja por exposición al arsénico
La planta de tratamiento no funciona correctamente en perjuicio de la salud de más de 31 mil personas
Habitantes de los distritos de Jauja, Sausa y Yauyos, en la región Junín, siguen consumiendo agua con altos niveles de arsénico debido a la inoperatividad de una planta de tratamiento de agua potable financiada con recursos públicos.
La Contraloría señaló que la obra, cuyo objetivo era garantizar el suministro de agua potable, fue recepcionada sin verificar su calidad y funcionalidad. Esto pone en riesgo la vida de más de 31 mil personas aumentando su vulnerabilidad a enfermedades relacionadas con la exposición prolongada a este metal tóxico.
En el Informe de Control Específico n.° 054-2024-2-0412-SCE reveló que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Jauja y el contratista responsable incumplieron el expediente técnico autorizando pagos por servicios no ejecutados. Además, el documento evidencia que el proyecto, realizado bajo la modalidad "llave en mano", fue recibido sin cumplir su objetivo principal: eliminar el arsénico del agua destinada al consumo humano.
El proyecto, con un presupuesto inicial de S/ 8.6 millones, incluía la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, así como un componente de acompañamiento y mantenimiento que nunca se ejecutó adecuadamente. La Contraloría estimó un perjuicio económico de S/ 24 638 debido al pago de servicios no prestados, sin contar los costos incalculables derivados de la afectación a la salud pública.
Las irregularidades detectadas evidencian no solo deficiencias en la gestión de los recursos públicos, sino también en la supervisión técnica de la obra. Se comprobó que la supervisión y el comité de recepción no verificaron que la planta no cumplía con su objetivo principal de eliminar arsénico. Esta situación fue confirmada por los análisis realizados durante el período evaluado, que abarcó desde junio de 2017 hasta noviembre de 2023.
La Contraloría recomendó adoptar medidas administrativas y legales contra los cinco funcionarios responsables, así como ejecutar acciones inmediatas para poner en funcionamiento la planta de tratamiento. Estas acciones tienen como objetivo no solo proteger los recursos del Estado, sino también asegurar el derecho fundamental al acceso a agua potable y segura para la población afectada.
